Como resultado de estos graves ataques se presenta en este momento un nuevo desplazamiento de familias del corregimiento de Filo Gringo hacia la cabecera del municipio de El Tarra. Se presume como autores de estos hechos a miembros del autodenominado “Frente 33” de las extintas FARC.
RECHAZAMOS de manera categórica los señalamientos y estigmatizaciones publicadas el día miércoles 4 de marzo en la red social X contra CINEP/PPP y las comunidades que acompaña. Estas acciones buscan generar miedo y zozobra entre quienes defienden la paz, la justicia social y la permanencia en los territorios, y obstaculizan el ejercicio legítimo del derecho a defender los derechos humanos.
Por: RT / Las fuerzas israelíes afirman haber atacado un sitio nuclear secreto en Irán, donde presuntamente se desarrollaban componentes clave para armas atómicas. Esta versión contradice al OIEA, que sostiene que no hay pruebas de que Teherán fabrique bombas nucleares.
La escalada del conflicto armado en el municipio de San José del Fragua, en Caquetá, mantiene a comunidades campesinas confinadas y bajo grave riesgo, tras enfrentamientos armados, retención de civiles y restricción total de comunicaciones en zona rural.
Las organizaciones que hoy nos dirigimos a usted, mantenemos la búsqueda definitiva y materializada a través de planes y programas que, con enfoque de reforma agraria de manera decidida, aportan a la transformación y cambios de las causas estructurales del conflicto; Con fuerza resaltamos los esfuerzos y agendas titánicas que se desarrollan en distintas zonas del País, que luchan por el derecho a la tierra, la protección de lo ambiental y la construcción de la paz.
Por: Alfonso Insuasty Rodriguez* Desinformemonos / En este siglo se ha consolidado un patrón de uso unilateral de la fuerza, coerción económica y apoyo militar con fuerte impacto en población civil. Ante la inacción del sistema multilateral, los tribunales de conciencia resurgen como espacios éticos de denuncia. El Tribunal Permanente de los Pueblos retoma ese legado para juzgar moralmente lo que el poder deja impune.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez* / Aunque 2025 registró menos hechos que en años anteriores, el nuevo informe de Temblores evidencia una continuidad preocupante: uso letal de la fuerza, muertes en custodia, abusos en protestas y débil justicia. La reforma policial sigue siendo una deuda estructural.
La Sala estableció que los homicidios, desapariciones, desplazamientos, torturas, violencia sexual y persecución contra civiles hicieron parte de un patrón macrocriminal que involucró a integrantes de la Fuerza Pública y estructuras paramilitares, principalmente el Bloque Cacique Nutibara (BCN).
Los abusos policiales, la muerte de Donovan Balanta, las denuncias de agresiones contra comunidades negras e indígenas del río San Juan, la muerte de una campesina durante una operación militar en Vista Hermosa, los desalojos cuestionados en Medellín y la disputa por la memoria del conflicto plantean una pregunta urgente: ¿qué concepción de Estado y de seguridad se está configurando en Colombia?
La paz territorial vuelve a quedar en entredicho en el sur de Córdoba. En una denuncia pública del 27 de octubre de 2026, la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (ASCSUCOR) y ASODECAS cuestionaron las amenazas de retirar beneficios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y la advertencia de recurrir a la Fuerza Pública si las comunidades impiden nuevas visitas de verificación.
