Los abusos policiales, la muerte de Donovan Balanta, las denuncias de agresiones contra comunidades negras e indígenas del río San Juan, la muerte de una campesina durante una operación militar en Vista Hermosa, los desalojos cuestionados en Medellín y la disputa por la memoria del conflicto plantean una pregunta urgente: ¿qué concepción de Estado y de seguridad se está configurando en Colombia?
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*
La violencia institucional no comienza necesariamente con un disparo, también empieza con palabras que clasifican y estigmatizan, negro, guerrillero, vándalo, terrorista o sospechoso. Cuando estas categorías se utilizan para señalar poblaciones enteras, pueden justificar intervenciones coercitivas y despojarlas de su condición de sujetos de derechos.
Esta práctica tiene una larga historia en Colombia, el campesinado, los pueblos indígenas, las comunidades negras y los movimientos populares han sido objeto de estigmatización, persecución y control territorial. La experiencia de los falsos positivos constituye una de sus expresiones más atroces.
Del cuerpo racializado al territorio bajo sospecha
El 20 de septiembre de 2026, Donovan Balanta Paz, hombre afrodescendiente de 34 años, murió después de un procedimiento policial en Caracolí, entre Bogotá y Soacha. Registros audiovisuales y testimonios conocidos públicamente dieron cuenta de golpes y descargas eléctricas, incluso cuando se encontraba reducido. Varios uniformados fueron capturados y vinculados a investigaciones por presunto homicidio agravado y tortura agravada. También se denunciaron expresiones racistas atribuidas a los policías durante el procedimiento.
El 28 de octubre, el Proceso de Comunidades Negras denunció presuntos abusos militares contra comunidades negras e indígenas del río San Juan, en Chocó, según la organización, integrantes de la Brigada 23 y de la Armada habrían golpeado a jóvenes, destruido embarcaciones civiles y sometido a habitantes a agresiones y perfilamientos. Ese mismo día, la Armada reportó ataques con explosivos lanzados desde drones contra unidades militares en la región. Ambos hechos deben distinguirse, la presencia de grupos armados no convierte a las comunidades en objetivos militares ni justifica vulneraciones de sus derechos.
En estos territorios, destruir una embarcación civil puede comprometer el acceso a alimentos, salud, educación y trabajo y es que el río es espacio de vida, movilidad y cultura, no simplemente un escenario de operaciones militares.
La memoria de los falsos positivos no puede ignorarse.
El 17 de octubre, Jhesmy Yasmin Rodríguez Calzada murió durante una operación militar en Vista Hermosa, Meta. La comunidad denunció irregularidades y solicitó una investigación independiente. Mientras el Ejército sostuvo que la mujer pertenecía a una estructura armada ilegal, sus familiares y vecinos la identificaron como campesina, madre y trabajadora. Las circunstancias de su muerte y la legalidad del procedimiento deben esclarecerse.
Un caso similar de preocupación ocurrió el 21 de septiembre en zona rural de Santa Marta, durante el operativo de la Fuerza Pública contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en el que murió alias Cholo. Entre los fallecidos estaba Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, un joven de 18 años que, según su familia, trabajaba como obrero en una finca ganadera y no pertenecía a esa estructura. Su muerte estuvo acompañada de versiones que lo señalaban como supuesto hijo de alias Pinocho, afirmación que el Ministerio de Defensa desmintió. La familia sostuvo que el joven quedó en medio del operativo y que habría intentado explicar que no hacía parte del grupo armado. La Fiscalía y Medicina Legal deben esclarecer las circunstancias de su muerte y su eventual participación en los hechos.
Estos casos no son idénticos ni permiten anticipar responsabilidades, pero sí exigen un principio irrenunciable: ninguna persona puede ser convertida en objetivo legítimo por sospechas, señalamientos o versiones operacionales sin que se esclarezcan los hechos. La historia de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia obliga a extremar el rigor. La JEP ha establecido un universo provisional de al menos 7.837 víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. Esta cifra no prueba lo ocurrido en los casos mencionados, pero constituye una razón histórica e institucional para exigir investigaciones independientes, garantías para las familias y verdad sobre cada muerte.
Ampliación de la sospecha
A estas denuncias se suman los problemas de corrupción policial, según información de la Inspección General de la Policía divulgada por Caracol Radio, entre 2022 y octubre de 2026 fueron destituidos 1.751 uniformados por hechos relacionados con corrupción.
También preocupa la espectacularización de capturas y operaciones de seguridad, una persona detenida no es una persona condenada. La presunción de inocencia y el debido proceso, consagrados en el artículo 29 constitucional, no pueden quedar subordinados a la comunicación política de resultados operacionales.
En este escenario debe examinarse el anunciado Estatuto Antiterrorista y las iniciativas de regulación de la protesta social. Sin conocer el alcance definitivo de sus disposiciones, resulta indispensable discutir sus definiciones, controles judiciales y garantías para evitar que categorías ambiguas terminen extendiendo la sospecha sobre organizaciones campesinas, comunitarias y populares.
Terrorismo, insurgencia, protesta social y delincuencia organizada son fenómenos distintos, confundirlos puede convertir la defensa del territorio, la movilización popular y la oposición política en asuntos de seguridad, debilitando las garantías democráticas.
Querer borrar la memoria
La controversia por el retiro de cerca de 30 piezas del Museo Nacional relacionadas con el conflicto armado, las víctimas, la población LGBTIQ+ y la gráfica política abre otra discusión ¿quién decide qué debe recordar Colombia?
La memoria no puede depender de la conveniencia de un gobierno ni convertirse en instrumento de propaganda, su legitimidad exige pluralismo, rigor documental y participación de las víctimas. Debilitarla significa comprometer también las garantías de no repetición
Los casos mencionados no son idénticos y requieren investigaciones particulares. Sin embargo, abren una discusión de fondo ¿qué tipo de Estado se está construyendo cuando la seguridad se mide por capturas, bajas y operaciones militares, mientras las denuncias de abusos, las muertes de civiles y las estigmatizaciones quedan sometidas a versiones oficiales que tardan en esclarecerse?
¿Un estado basado en el terror? O ¿Terrorista?
Se trata de examinar si se afianza una forma de gobierno que administra el miedo, construye enemigos internos, normaliza la sospecha sobre poblaciones empobrecidas y racializadas y amplía las facultades coercitivas del aparato estatal, y es que, cuando la fuerza sustituye a la justicia y la presunción de culpabilidad desplaza el debido proceso, la seguridad deja de ser garantía de derechos y puede convertirse en instrumento de disciplinamiento y control social.
La categoría de terrorismo de Estado exige rigor histórico y jurídico, no basta con registrar abusos aislados ni con señalar operaciones cuestionadas; supone analizar si existe un patrón sistemático de violencia, persecución, intimidación o eliminación de sectores de la población, ejecutado, tolerado o encubierto desde estructuras estatales.
Pero precisamente por eso no puede descartarse la pregunta, la historia colombiana, con la persecución política, el paramilitarismo, las ejecuciones extrajudiciales y la estigmatización de la oposición, obliga a vigilar cualquier deriva en esa dirección.
La cuestión central es si se está construyendo un Estado que protege la vida y garantiza derechos, o uno que, bajo el lenguaje de la seguridad, termina convirtiendo a comunidades, jóvenes, campesinos y sectores populares en poblaciones sospechosas. La memoria, la justicia independiente y el control ciudadano son indispensables para impedirlo.
No repetir, es central para que el país pueda avanzar de manera cierta hacia condiciones de bienesta para toas las comunidades, personas, territorios y hacia una convicencia armonica con la madre tierra.
*docente investigador universidad de San Buenaventura Medellin parte de REDIPAZ y grupo autónomo Kavilando.
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