La Sala estableció que los homicidios, desapariciones, desplazamientos, torturas, violencia sexual y persecución contra civiles hicieron parte de un patrón macrocriminal que involucró a integrantes de la Fuerza Pública y estructuras paramilitares, principalmente el Bloque Cacique Nutibara (BCN).
Los abusos policiales, la muerte de Donovan Balanta, las denuncias de agresiones contra comunidades negras e indígenas del río San Juan, la muerte de una campesina durante una operación militar en Vista Hermosa, los desalojos cuestionados en Medellín y la disputa por la memoria del conflicto plantean una pregunta urgente: ¿qué concepción de Estado y de seguridad se está configurando en Colombia?
Más de 450 organizaciones y representantes sociales reclaman a Naciones Unidas que mantenga su respaldo a la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016. Su carta expone una contradicción central, mientras la paz se reconoce formalmente, persisten la violencia contra quienes la defienden, los rezagos institucionales y las transformaciones territoriales pendientes.
La paz en Colombia no se debilita únicamente cuando se rompen los acuerdos, sino también cuando se recortan sus recursos, se desacreditan sus instituciones y se abandonan las comunidades y las personas que apostaron por ella.
La paz territorial vuelve a quedar en entredicho en el sur de Córdoba. En una denuncia pública del 27 de octubre de 2026, la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (ASCSUCOR) y ASODECAS cuestionaron las amenazas de retirar beneficios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y la advertencia de recurrir a la Fuerza Pública si las comunidades impiden nuevas visitas de verificación.
El nuevo gobierno colombiano lleva más de dos meses en el poder y ya ha desplegado una matriz mediática obsesiva, guerra, bombardeos, venganza, necropolítica. Pero mientras todos miramos los muertos, la teatralización cotidiana, los verdaderos negocios avanzan en silencio.
La reciente entrega al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) del cuerpo del soldado profesional Ídel José Torres Herrera, realizada por una estructura disidente de las FARC-EP para facilitar su devolución a sus familiares, vuelve a poner en el centro una cuestión elemental que la prolongación de la guerra suele hacer olvidar, incluso en medio de la confrontación armada, la vida humana y la dignidad de quienes mueren deben ser respetadas.
La Sala estableció que los homicidios, desapariciones, desplazamientos, torturas, violencia sexual y persecución contra civiles hicieron parte de un patrón macrocriminal que involucró a integrantes de la Fuerza Pública y estructuras paramilitares, principalmente el Bloque Cacique Nutibara (BCN).
Los abusos policiales, la muerte de Donovan Balanta, las denuncias de agresiones contra comunidades negras e indígenas del río San Juan, la muerte de una campesina durante una operación militar en Vista Hermosa, los desalojos cuestionados en Medellín y la disputa por la memoria del conflicto plantean una pregunta urgente: ¿qué concepción de Estado y de seguridad se está configurando en Colombia?
La paz territorial vuelve a quedar en entredicho en el sur de Córdoba. En una denuncia pública del 27 de octubre de 2026, la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (ASCSUCOR) y ASODECAS cuestionaron las amenazas de retirar beneficios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y la advertencia de recurrir a la Fuerza Pública si las comunidades impiden nuevas visitas de verificación.
