Palestina desnuda la crisis del orden mundial, mientras el derecho internacional se muestra incapaz de contener la guerra y el genocidio, un suprapoder corporativo, financiero y tecnológico concentra riqueza, información y capacidad de decisión, desbordando a los Estados y amenazando la soberanía y la existencias misma de los pueblos.
El nuevo Gobierno de Colombia refuerza vínculos militares, tecnológicos y de inteligencia con Israel, ampliando una arquitectura de seguridad basada en drones, vigilancia y empresas privadas que puede profundizar la dependencia estratégica.
La autonomía indígena no es una concesión estatal, es fruto de siglos de resistencia al colonialismo. El actual Gobierno de Colombia, bajo formas administrativas y tecnocráticas reabren el debate sobre quién define, regula y controla los gobiernos, territorios y sistemas propios de los pueblos.
A un mes del gobierno de Abelardo de la Espriella, el panorama es desolador, mucho show, muchos anuncios grandilocuentes, pero ninguna acción concreta para bien de la sociedad. Un gobierno rodeado de escoltas y miedo, pero que no sabe cómo funciona el Estado. Las decisiones no las toma el presidente, las toma una élite empresarial, los mismos de siempre, los Char, los Duque, los uribistas.
Hay territorios donde defender un río, un bosque, una montaña, una semilla o el derecho colectivo a permanecer puede convertirse en una sentencia de muerte. El nuevo informe de Global Witness muestra que la violencia contra quienes defienden el ambiente y el territorio no constituye una suma de hechos aislados, dibuja una verdadera geografía global del despojo, concentrada allí donde convergen intereses extractivos, economías ilegales, disputas por la tierra y formas de control territorial.
¿Sabías que el mundo produce suficiente comida para alimentar a 12 mil millones de personas, pero cada 5 segundos muere un niño de hambre?
Un informe de la ONU alerta que la guerra contra el narcotráfico se traslada al océano mediante ataques militares letales y ejecuciones extrajudiciales. La cooperación de EE. UU., Ecuador y Colombia pone en riesgo el derecho internacional.